Fábricas de fertilizantes.

agrimartín fertilizantes, s. l.


La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo exige a las empresas de Huelva que asuman sus costes por la contaminación.

Deberán aplicar un plan de rehabilitación de las zonas afectadas.

Los tribunales han dado la razón a los peticionarios al decir que no puede haber más vertidos de fosfoyesos, que son un vertido tóxico y no un subproducto industrial.

La eurodiputada francesa Pascale Gruny (PPE) ha presentado hoy el informe final sobre la visita de una delegación de la comisión de Peticiones a Huelva para analizar las denuncias sobre contaminación en la ciudad y sus alrededores. Propone introducir un sistema para informar a los ciudadanos en tiempo real sobre la contaminación en esta área.

El texto, que ha sido objeto de debate esta mañana en la comisión parlamentaria, pide un “estudio de impacto específico sobre la contaminación del suelo y las aguas” que cubra, entre otras, la zona donde están depositados los residuos de Acerinox. Este estudio podría utilizarse como instrumento para la gestión de residuos.

Los diputados consideran que se debe aplicar el principio de “quien contamina paga” y, por tanto, en caso de cierre de las empresas interesadas éstas tendrán que asegurarse de que el sitio que ocupan queda totalmente descontaminado. Además, deberán garantizar la aplicación de un plan de rehabilitación y renovación de la zona.

Sistema de vigilancia en tiempo real.

La comisión de Peticiones propone que se instale en la ría de Huelva un sistema de control de la contaminación procedente de la industria química de la zona que dé información en tiempo real a los ciudadanos, por ejemplo, a través de internet.  Este sistema debe ser “permanente y transparente” y su cometido será vigilar la contaminación del suelo, el aire y el agua.

Protección de los trabajadores

Por otro lado, el texto analiza la delicada situación de los empleados de dichas fábricas. Según el informe, “casi todos han pasado su vida laboral en estas plantas industriales y por tanto es a quienes conciernen más que a nadie la posible contaminación y el posible cierre de la fábrica”. Por ello, la comisión parlamentaria propone establecer un objetivo específico de reinversión en la zona para crear oportunidades de empleo sostenible y para la reconversión profesional de las personas empleadas en estas empresas.

Problemas de comunicación.

Además, los eurodiputados critican la “falta de comunicación” entre los distintos niveles de la administración española a la hora de responder a las preocupaciones de los ciudadanos. Por eso, insisten en la necesidad de que “cualquier estudio nuevo o futuro proyecto de planificación debería contar con la participación de los peticionarios, las asociaciones locales y los organismos representativos” para garantizar soluciones viables.

Visitas imprevistas

Pascale Gruny considera que las industrias locales deberían ser objeto de visitas complementarias imprevistas realizadas por las autoridades competentes en salud y seguridad.

Debate
En el debate celebrado esta mañana, Pascale Gruny dijo que “hay una falta de comunicación entre todas las autoridades implicadas: nacionales, autonómicas y municipales”. “Deberían sentarse en la misma mesa con los peticionarios y con expertos que sean objetivos y cuenten con el beneplácito de todos”, subrayó, y añadió que “urge entablar un diálogo permanente, restaurar la confianza y tranquilizar a la población”.Gruny recalcó que “hay que tener en cuenta la contaminación anterior, pues hay lugares que aún hay que limpiar y hay que prestar atención desde hoy para que la empresa cumpla todas las directivas comunitarias”. La eurodiputada dejó claro que “la empresa tiene que responder a todos los peticionarios”.

El eurodiputado español Willy Meyer (GUE) señaló que “el informe de Gruny va en la buena dirección. El debate es qué hacer con esas 1.200 hectáreas de terreno contaminado”.”Los tribunales han dado la razón a los peticionarios al decir que no puede haber más vertidos de fosfoyesos, que son un vertido tóxico y no un subproducto industrial, y que, por tanto, deben ser tratados de acuerdo a la legislación. También la Comisión Europea les ha dado la razón”, declaró. Meyer dijo que “el Ministerio de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de lo que quería hacer Fertiberia, que proponía una solución paisajística, poner unos arbolitos en el lugar, pero primero había que realizar varios estudios y después actuar”.Finalmente, declaró que “es lógico que los ciudadanos reclamen saber por qué hay más muertes de cáncer en Huelva”.

Por su parte, Luis Yáñez (S&D) dijo que “había que aportar un mensaje de tranquilidad a la población onubense y el informe de Gruny va en esa dirección. Las medidas adoptadas por la empresa y la administración van en el sentido adecuado. El problema está en vías de solucionarse”. “Esta ha sido la única misión del PE en relación a una empresa de fertilizantes. Hay este tipo de empresas en otros seis países y ninguna cumple las medidas de control. Por tanto, que se apliquen los mecanismos de control y seguimiento”. “Cuando se habla de relación causa-efecto, por ejemplo, el tabaco sí está demostrado que es una causa de cáncer inequívoca. En este caso no hay ningún estudio que demuestre esa relación causa-efecto entre los fosfoyesos y el cáncer en Huelva”.

La danesa Margrete Auken (Verdes/ALE) pidió “mejoras en la comunicación” y acogió favorablemente las recomendaciones del informe.

Ticar aquí para ver el “Documento de trabajo sobre la contaminación en Huelva”

Noticia publicada en www.cope.es

Más información: Plataforma Mesa de la Ría

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